La batalla de la Inteligencia Artificial (IA) coge fuerza en Aragón. La región se está convirtiendo en el "destino predilecto para las grandes inversiones" de la industria de los centros de datos. El 31 de octubre de 2019, Amazon Web Services (AWS) anunció oficialmente el proyecto para instalar su macrocomplejo en la región aragonesa y desveló sus planes para construir tres centros de datos. Actualmente, ya hay 11 desplegados por todo el territorio, interconectados entre sí y diseñados para dar soporte a servicios de IA. Y todo con el apoyo del Ejecutivo de Jorge Azcón. Pero el crecimiento acelerado de estos complejos tiene un coste que el gobierno autonómico prefiere no destacar. ¿Qué impacto ambiental tienen estos centros? ¿Cuáles son los argumentos del Gobierno aragonés?
Según la última documentación presentada por Amazon, cuando este hub esté a pleno rendimiento consumirá anualmente más electricidad que el conjunto de toda la comunidad autónoma. Además, se prevé que las instalaciones gasten al menos 750.000 metros cúbicos de agua, es decir, el equivalente a unas 300 piscinas olímpicas o al gasto que genera una ciudad de 20.000 habitantes en una zona que ya sufre las consecuencias de la sequía.
Al territorio aragonés están llegando empresas como Amazon o Microsoft, pero las tecnológicas no son las únicas. Detrás, viene una larga lista de inversores entre los que se encuentran la constructora ACS, la promotora energética Forestalia, el fondo Azora, la socimi Merlin Properties o el fondo buitre Blackstone. Lo que hace atractiva la región aragonesa es la disponibilidad de tierra debido a la baja densidad de población, las buenas comunicaciones, el precio relativamente barato de la energía y, sobre todo, un gobierno autonómico dispuesto a facilitar la llegada de estas inversiones. Pero, ¿cómo lo hacen?
Colectivos de activistas e investigadores, como Tu nube seca mi río, Ecologistas en Acción o No es sequía, es saqueo, están plantando cara a la industria desde las calles, pero también desde los tribunales. De hecho, el último colectivo organizó en septiembre de 2025 la primera manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Su objetivo es cambiar la narrativa dominada por estas empresas, el Ejecutivo autonómico y sus medios afines. A través de sus redes sociales, los grupos difunden la cara menos amable de estas infraestructuras, por ejemplo, el uso que el Ejército de Israel ha hecho de la nube de Microsoft y Amazon Web Services en el genocidio en Gaza o cómo estas empresas apoyan al ICE de Donald Trump y sus deportaciones masivas.
Este investigación de Pablo Jiménez Arandia forma parte de Dirty Data, un proyecto colaborativo junto al grupo Environmental Reporting Collective (ERC), que explora los impactos medioambientales, sociales y humanos del crecimiento de la industria de los centros de datos en distintos países. En Estados Unidos, Francia, India, Brasil o Tailandia, los centros de datos hiperescalares de las grandes tecnológicas llevan años expandiéndose. La situación en Aragón no es una excepción.
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