Los reclamos de transparencia y control sobre la venta de armas a países involucrados en violaciones a los derechos humanos cobrarán ahora formato judicial. La organización pacifista y ecologista Greenpeace ha anunciado la apertura de sendos litigios contra el Gobierno por una serie de negocios con el régimen de Arabia Saudí, líder de la coalición que desde 2015 bombardea Yemen.  

"La venta de armas a terceros países está sobradamente regulada en España para evitar que se haga un mal uso de ese material. Sin embargo, el problema viene porque todas las autorizaciones de transacciones (término utilizado por la Ley para referirse a las exportaciones), son secretas gracias a la vigencia de la ley franquista de Secretos Oficiales, y al acuerdo del Consejo de Ministros de tiempos del Presidente (Felipe) González", destaca Greenpeace en un dossier.

En tal sentido, denuncia que "toda la legislación que regula las exportaciones de armas es de facto papel mojado, porque no se pueden conocer los argumentos del Gobierno para autorizar las exportaciones, lo que impide verificar que las mismas cumplan la legalidad nacional e internacional en materia de protección de los derechos humanos".

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