Diego Delgado 25/05/2023
Grandes corporaciones y terratenientes imponen sus normas con el beneficio económico como único criterio. El resultado es un modelo de agricultura industrializada que genera un estrés hídrico insostenible
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Las consecuencias de la crisis ecológica, cada vez más profundas y evidentes, siguen copando una parte importante de la actualidad en España. Hace unas semanas, la discusión se centró en el Parque Nacional de Doñana, un espacio natural protegido, conformado por una gran extensión de marismas. Debido a unas políticas del agua del PP andaluz que subordinan la conservación de los ecosistemas a los intereses mercantiles, como contaba el editorial de CTXT, Doñana se está viendo gravemente afectada.
La repulsa de organizaciones ecologistas, sociedad civil y parte de la izquierda política se vio reforzada por las advertencias procedentes de instancias europeas, que pidieron retirar las propuestas del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de legalizar los regadíos ilegales que están desecando Doñana. Sin embargo, lejos de provocar una rectificación, lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario.
Inmerso en la campaña electoral autonómica, el candidato del PP en Castilla-La Mancha afirmó en un acto público que no solo aplaudía la gestión de Moreno Bonilla, sino que pretendía replicarla, en caso de alzarse con la presidencia de su región, en los comicios del 28M: “Es lo que yo quiero para Castilla-La Mancha: regularizar los pozos y garantizar el agua a los agricultores y ganaderos”.
Un estudio de WWF revela la realidad detrás de dicha promesa: “El nivel de explotación ilegal en La Mancha Occidental es incluso cinco veces mayor en volumen y diez veces mayor en superficie” que la de Doñana o el Mar Menor. Es decir, la intensificación de la extracción de agua, que llevó a la Comisión Europea a amenazar a España con sanciones, se vería incrementada de manera muy importante si el Partido Popular alcanzara el gobierno castellanomanchego.
La gestión actual del PSOE no es, ni mucho menos, más halagüeña. De hecho, el mencionado dato sobre el nivel de explotación ilegal de los acuíferos forma parte de una declaración en la que la propia organización WWF exige “un giro de la política agraria de Castilla-La Mancha y la transformación del modelo de desarrollo de la comarca”. Máximo Florín Beltrán es profesor de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador especializado en ecología y gestión de los humedales mediterráneos, y ofrece el contexto necesario para entender qué es lo que está ocurriendo con dicho modelo: “Tanto en Doñana como en Castilla-La Mancha han aprendido muy bien de lo que se ha hecho en Murcia. Lo que han hecho allí con el trasvase es que, cuando había años secos, ellos reclamaban más recursos, con los que generaban más gasto, más superficie regada y más urbanizaciones turísticas. Una vez consolidados esos recursos, volvían a reclamar más en el siguiente ciclo seco. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha, en mayor medida incluso que en Doñana, y lleva ocurriendo desde los años ochenta del siglo pasado”. Esta demanda creciente de recursos hídricos afecta a unos acuíferos que “ya fueron declarados sobreexplotados en 1985”, cuenta Beltrán antes de explicar la segunda “trampa” a la que se ven sometidos estos ecosistemas: “Ahora ha habido un proceso de industrialización más acusado, y es verdad que hay un programa de modernización de regadíos que consiste en utilizar riego por goteo y técnicas que economizan agua”, pero “estos programas de modernización, en realidad, consisten en ampliar las hectáreas en riego utilizando técnicas más ahorrativas con respecto del agua”. El resultado es que la supuesta economización de recursos se traduce en “un incremento del consumo de agua, porque aumenta muchísimo la superficie y se introducen otros tipos de cultivos” que multiplican la demanda (...) |
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