Luchamos para que la educación pública, el verdadero ascensor social de cualquier país justo..., de Javier Nix Calderón

 Javier Nix Calderón   15/10/202611 horas

POR QUÉ LUCHA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Llevamos años sintiendo un cansancio que no deja de crecer. Ese cansancio nos ha traído hasta aquí, hasta este 14 de octubre en el que ha comenzado una huelga indefinida en todas las etapas de la educación pública madrileña. Hoy, hemos decidido coger ese cansancio, ese hartazgo que nos atrapa, y convertirlo en rabia, en determinación, en un grito que nos devuelva la dignidad arrebatada a lo largo de estos años de rodillo neoliberal y desmantelamiento de nuestros servicios públicos. Nos sobran razones para luchar, pero aquí van unas cuantas.

Luchamos porque Madrid es la región de España que menos invierte por alumno en la escuela pública. Esa infrafinanciación se traduce en menos apoyos y medios para hacer frente a una diversidad que no cesa de aumentar, con alumnos cuyas necesidades no podemos atender. La carencia de orientadoras, profesores de servicios a la comunidad, de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y de integración social nos sitúa a la cola no solo de Europa sino de la mayor parte de comunidades autónomas del Estado. La consecuencia, quizá la causa, o ambas a la vez, es que Madrid es la región con la mayor segregación escolar socioeconómica de España. Aquí la educación es un sálvese quien pueda en el que las familias dependen del contexto socioeconómico en el que viven para que sus hijos tengan acceso a unas condiciones mínimas que aseguren su derecho a una educación equitativa y de calidad.

Luchamos porque es imposible trabajar con ratios de 38 alumnos en bachillerato, en aulas abarrotadas donde no cabe un alfiler. Luchamos porque no podemos llegar a todos ellos con la calidad que cualquiera de nuestros alumnos, futuros ciudadanos, necesita para formarse para la vida. Luchamos por ellos y por sus familias, para que no tengan que gastar un dinero que no tienen en clases particulares porque en el aula no somos capaces de adaptarnos a sus diferentes ritmos de aprendizaje. Luchamos también para que bajen las ratios en primaria y secundaria y los medios técnicos alcancen para todos, para que haya desdobles en los grupos de especial dificultad, para que nuestros alumnos con necesidades educativas disfruten de su derecho constitucional a una educación que se adapte a ellos. Luchamos, en definitiva, para que el dinero de nuestros impuestos se use en aras del bien común y allí donde más se necesite.

Luchamos para que las aulas sean espacios habitables y no calderas donde profesores y alumnos nos cocemos al baño maría. Es indecente que haya centros en los que se alcancen los 33ºC desde las diez de la mañana en mayo, junio y septiembre y la única solución que ofrezca la Consejería sea hacer abanicos de papel doblando un folio siete veces. Tampoco es tolerable que tengamos que congelarnos durante el invierno en centros cuyos sistemas de calefacción cuasi paleolíticos se rompen cada dos por tres. Hemos aceptado que nuestros hijos sufran condiciones que nadie toleraría en una oficina o cualquier otro espacio cerrado de trabajo. No es solo indecente: es peligroso y pone en riesgo nuestra salud y la de nuestros alumnos.

Luchamos para reducir las horas lectivas en primaria y secundaria. Lo hemos repetido mil veces, pero aquí va otra más: no se trata de trabajar menos, sino de trabajar en mejores condiciones para coordinarnos con nuestros compañeros, participar en los proyectos que nuestros centros llevan a cabo y mejorar la educación que nuestros alumnos reciben. Los profesores trabajamos dentro del aula y fuera de ella, en nuestras casas, con picos de trabajo que pueden sobrepasar, tranquilamente, las 60 horas semanales. Diseñar nuevas actividades, preparar las clases y corregir constituyen una carga de tiempo que llevamos sobre nuestros hombros y ni la mayor de las vocaciones consigue aligerar.

Luchamos para que la carga burocrática deje de ser el absurdo kafkiano que es hoy y tenga un efecto real sobre el bienestar de nuestros centros y nuestro alumnado. La salud mental de nuestros niños y jóvenes descansa sobre un sistema infradotado, en el que los profesores y orientadoras debemos hacer frente a océanos de protocolos de autolesiones, suicidio, acoso escolar o violencia intrafamiliar con sus correspondientes anexos, algo para lo que no hemos recibido formación alguna y que apenas supone una tirita frente a la herida inmensa que atraviesa la salud mental de nuestros jóvenes.

Luchamos, por supuesto, por la dignificación económica de la función docente. Luchamos para obtener un aumento salarial para poder vivir en la ciudad en la que hemos elegido estar, sin vernos abocados a pagar alquileres desorbitados o alejarnos 50, 60 o incluso 70 kilómetros de nuestro centro de trabajo porque el rentismo voraz está chupándonos hasta el tuétano de los huesos.

Luchamos para que la educación pública, el verdadero ascensor social de cualquier país justo, vuelva a asegurar una igualdad de oportunidades real para todos nuestros alumnos. Luchamos porque aún creemos en la importancia de nuestra labor, porque tenemos fe en este país y en su futuro, en nuestros alumnos, esos que se sientan cada día frente a nosotros y nos interpelan desde sus pupitres, esperando un conocimiento que les abrirá las puertas del mañana. Luchamos por ellos, por nosotros, por vosotros, por los que vendrán después. Porque la educación no es un privilegio, sino un derecho conquistado tras siglos de lucha que hoy reclama de nuestra voz y presencia en las calles para proteger el futuro que todos compartimos.

Paramos, pero nos estamos moviendo más que nunca.