Jonathan Martínez Periodista 07/10/2026
La actualidad pilló a Salvados con el pie cambiado. Cuando por fin se emitió el programa ya nadie hablaba sobre inmigración porque el desahucio de Maricarmen había cambiado los términos del debate público. Ahora mismo la pregunta, si acaso, sería otra: ¿Por qué le incomoda a la derecha hablar de vivienda? Pues bien, basta un vistazo a la hemeroteca para comprobar que los conservadores también hablan con soltura y hasta con entusiasmo sobre esta materia. Si ahora están incómodos es porque de pronto han perdido la capacidad de controlar los términos de la discusión después de haber impuesto sus condiciones durante tanto tiempo.
Primera lección para Salvados, también para Rufián: los marcos de debate no son un fenómeno natural caído del cielo, sino un constructo en el que participan medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. No hay marcos que no puedan instalarse ni marcos que debamos aceptar como fruto inevitable del consenso. Eso es algo que ha entendido la extrema derecha, cuyos cerebros —sí, los ultras tienen cerebros— no solamente están en TikTok, sino también en las bibliotecas leyendo a Gramsci. El antiintelectualismo es el arma más poderosa de las élites ilustradas. Quienes tienen pasta y formación necesitan un pueblo analfabeto y pobre.
La derecha se siente cómoda hablando de vivienda, eso sí, en términos xenófobos y securitarios. Al fin y al cabo, el negocio inmobiliario es un maná de dividendos. Es de esperar que la empresaria Ana Rosa Quintana, por ejemplo, defienda en antena su imperio de chalés y apartamentos turísticos promocionando turbias patrullas de desokupación. La vivienda ha estado siempre en el repertorio discursivo de los conservadores, solo que los grandes tenedores prefieren dar voz a Daniel Esteve que a Alicia del Río. Tampoco tienen escrúpulos para hablar sobre Maricarmen, siempre y cuando sea para pintarla como un demonio.
Hace menos de un año, con estudios sociológicos en la mano, Vox se dio cuenta de que debía priorizar su política de vivienda y nombró portavoz adjunto a Carlos Hernández Quero. Nos lo vendieron como un perfil al mismo tiempo académico y obrerista, deseoso de seducir a los cinturones rojos que votan a la izquierda pero que llevan en el ADN la arquitectura desarrollista de la Falange. Así empezó la monserga de los toldos verdes, cuando en realidad el programa de vivienda de Vox presenta solo dos ejes: deportaciones y construcción. En román paladín: no tienes casa por culpa de Mohammed pero todo cambiará gracias al promotor Billetón Billétez.
Ahora Feijóo promete que construirá un millón de viviendas. Dejemos por un momento las cifras raquíticas de la Xunta durante su mandato. Olvidemos que el PP andaluz está construyendo edificios de lujo haciéndolos pasar por vivienda protegida. Perdonemos, pelillos a la mar, que los gobiernos autonómicos del PP y Vox se niegan a limitar los precios de los alquileres mediante la Ley de Vivienda. Lo que le preguntamos a Feijóo es si nos toma por olvidadizos y cree que no sabemos lo que ocurre cuando su partido mete las manos en la bicoca del cementazo.
Basta una ojeada a las sentencias de la trama Gürtel para descubrir un patrón común: empresarios del ladrillo enfangados hasta el cejamen en el lodazal de la obra pública y las recalificaciones. A Rafael Martínez Molinero, exconsejero de Teconsa, le cayó una condena por falsedad y cohecho en las obras de Boadilla del Monte. Alfonso García-Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, confesó haber soltado un millón y medio a cambio de adjudicaciones. La Audiencia Nacional condenó a José Luis Ulibarri, propietario de UFC y Begar, por haber pagado su buen millón. Fernando Martín, cabeza de Martinsa, participó en un pago de 25 millones a cambio de un desarrollo urbanístico en Arganda del Rey.
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Tal vez Feijóo no quiera tanto regresar al precedente tenebroso de la Gürtel como a la arcadia dorada de José María Aznar, cuyo hijo mayor hizo negocios con el fondo buitre Cerberus; cuyo hijo menor entró en el mercado inmobiliario con Zala Capital; cuyo yerno medió para que la constructora Caltagirone entrara en Metrovacesa; y cuya esposa malvendió 1.860 viviendas públicas a Blackstone. Lo dijo Rodrigo Rato en 2003 antes de que estallara la burbuja: la construcción es el motor de nuestra economía. Después lo condenaron por las tarjetas black de Caja Madrid, una entidad que financió con entusiasmo el ladrillazo.
Lo que no entiende el PP es que los tiempos han cambiado y a peor. En las acampadas de 2011, aún resonaba un lema de V de Vivienda: “No vas a tener una casa en la puta vida”. Ahora son varias las generaciones que no solamente han descartado el acceso a la propiedad, sino que hasta el alquiler se les antoja inasequible. Hay quienes ven aquí una nueva oportunidad para montarse en el dólar a costa de levantar nuevos apartamentos que no podemos permitirnos. Ni siquiera el electorado del PP, de Vox, de Junts y del PNV está en mejores condiciones. Los partidos nunca espabilarán si no espabilan sus votantes. Si hacen políticas para la minoría, que los vote la minoría. Soplar y sorber no puede ser.
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