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El bipartidismo continental saca adelante una propuesta de Directiva que dará potestad a las multinacionales de la biotecnología para presionar a los Gobiernos europeos que no permitan la expansión de estos cultivos en su territorio. A pesar de ello, las organizaciones ecologistas consideran que puede ser una oportunidad ya que los Gobiernos podrán lanzar prohibiciones.
¿Qué se aprobó el martes 13 de enero?
Tras cuatro años de retraso de debates postergados, el Parlamento Europeo dio luz verde a la nueva directiva comunitaria sobre cultivos transgénicos, técnicamente Propuesta de Directiva que modificará la Directiva 2001/18/EC, con 480 votos a favor, 159 en contra y 58 abstenciones. Es el resultado de un "acuerdo" entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea y sale adelante con la mayoría de votos de liberal-conservadores (PPE y ECR), social-liberales (S&D) y liberales (ALDE). En el trámite parlamentario los diferentes grupos políticos -especialmente La Izquierda Unitaria Europea y los Verdes- habían mejorado considerablemente la Directiva, pero casi todas las mejoras han sido eliminadas en la negociación con el Consejo y la Comisión.
El Estado español es el que más superficie destina a cultivos transgénicos de la Unión Europea
¿Qué dice la directiva?
La directiva devuelve a los Estados las competencias para decidir su política en relación a los Organismos Modificados Genéticamente, OMG, o alimentos transgénicos, de modo que serán los distintos Estados quienes decidan si quieren permitir este tipo de cultivos --o prohibirlos-- y qué variedades y bajo que condiciones se pueden dar en sus territorios. El Parlamento establece zonas tampón con países vecinos que eviten la contaminación transfronteriza entre los Estados. Lo que no dice, ni hace, la Directiva es incluir la obligatoriedad de los Estados que no prohíban el cultivo de OMG a adoptar medidas para proteger la agricultura convencional y ecológica de la contaminación transgénica.
¿Qué van a hacer los distintos Estados?
Desde hace tiempo se califica a España como el "paraíso de los transgénicos en Europa". El Estado español es el que más superficie destina a cultivos transgénicos de la Unión Europea. Los otros países que ya han dado luz verde a este tipo de cultivos son República Checa, Eslovaquia, Rumanía, y Portugal. En la actualidad, el único producto cultivado para el comercio masivo es el maíz MON810, de la multinacional Monsanto. La Directiva aprobada ayer puede funcionar como una garantía para los países que previamente han emitido salvaguardas para vetar la entrada de transgénicos: Alemania, Austria, Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia, asimismo garantizaría la potestad de Francia, enfrascada en un conflicto entre el poder legislativo y judicial a raíz de una moratoria a este tipo de cultivos.
Para COAG, Red de Semillas, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y CECU, organizaciones que emitieron el mismo 13 de enero un comunicado conjunto, se corre el peligro de crear una Europa “a dos velocidades”: aquellos Estados más sensibles ambientalmente y más preocupados por la sostenibilidad de su agricultura tendrán la posibilidad de prohibirlos en su territorio, mientras otros Estados miembros darán vía libre a la entrada de nuevas variedades transgénicas. Si bien la Directiva favorece la expansión en los países más proclives a estos cultivos, también puede permitir, según Liliane Spendler, de Amigos de la Tierra, prohibir todas las semillas de maíz modificado genéticamente para que Europa sea libre de transgénicos, y por ello "es necesario aprovecharla".
¿A quién beneficia?
A pesar de que los Estados pueden vetar la entrada de transgénicos en sus territorios, la Directiva beneficiará a las empresas de biotecnología, ya que se genera un marco favorable a las impugnaciones legales de las empresas de biotecnología o la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las prohibiciones estarían subordinados a la evaluación de riesgo medioambiental de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Con lo que, de facto, habrá limitaciones para la prohibición. Asimismo, las posibles prohibiciones no afectan a los ensayos experimentales al aire libre, en los que España también está a la cabeza de la UE.
Las principales fuerzas de choque de la agroindustria están integradas en la Asociación Europea de Protección de Cosechas (European Crop Protection Association) --que cuenta entre sus miembros con BASF, Bayer, Syngenta y Monsanto-- y su contraparte estadounidense Croplife America, y por el otro lado la poderosa industria de alimentación y bebidas --FoodDrinkEurope-- junto a la agrupación de agricultores y terratenientes conservadores COPA-COGECA.
No obstante, la agroindustria ha mostrado su decepción por un acuerdo que consideran "de no cultivo" y que limita a los agricultores europeos "la posibilidad de elegir", según EuropaBio, que agrupa a las principales empresas de biotecnología (entre otras los laboratorios Pfizer, Monsanto, Basf, etc). Tanto EuropaBio como COPA-COGECA piden menos limitaciones al mercado interno de la UE. Amigos de la Tierra Europa ha realizado un extenso informe con el quién es quién de los beneficiados de los OMG.
¿A quién perjudica?
El partido de la izquierda europea (GUE-NGL) ha votado en contra de la Directiva aprobada ayer. La posición de la diputada Teresa Rodríguez (Podemos-GUE/NGL) es que la directiva "confiere más poder a las grandes empresas multinacionales de la biotecnología en detrimento de las y los agricultores, la población y el medio ambiente". Para este grupo, en la elaboración del texto se han obviado los aspectos positivos aportados durante el trámite parlamentario previo. Para Florent Marcellesi de Equo, que en Europa compartió candidatura con Compromís y Cha, esta decisión relega las cuestiones "de salud pública, evaluación de riesgos y la soberanía alimentaria a un segundo plano".
Tanto EuropaBio como COPA-COGECA piden menos limitaciones al mercado interno de la UE
Uno de los principales afectados será el sector de la agricultura ecológica y los circuitos cortos de distribución. La directiva no contempla compensaciones a las pequeñas explotaciones de tierras que se vean afectadas por la extensión del uso de herbicidas y fertilizantes ligados a la agroindustria transgénica. Para las organizaciones ecologistas y sindicatos agrarios, la "contaminación transgénica de la cadena alimentaria" afectará especialmente a las 1,6 millones de hectáreas, 34.000 operadores y casi cuatro mil industrias que, según datos de 2013, mantienen el sector de la agricultura ecológica en el Estado español.
Friends of the Earth, Food and Water Watch, Corporate Europe Observatory, Greenpeace Europa entre otras organizaciones internacionales, critican por "insuficiente" y "contradictoria" esta modificación de la Directiva 2001/18. En España se oponen las organizaciones COAG, Red de Semillas, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y CECU, además de los partidos Equo (Partido Verde Europeo), IU y Podemos, integrados en GUE-NGL.
¿Quién se encarga de la investigación sobre transgénicos?
La UE delega la investigación sobre los efectos de los OMG y las autorizaciones para su cultivo en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), un organismo cuya independencia ha sido puesta en duda, entre otros por el Corporate Europe Observatory, un observatorio de las multinacionales y las prácticas de lobbie a nivel europeo. EFSA no acepta estudios independientes, y fía sus dictámenes a la documentación entregada por los sellos de la propia agroindustria y las empresas de biotecnología.
¿Cuáles son los riesgos de los OMG?
La propia exposición del Parlamento reconoce que los "detractores" de este tipo de experimentación genética temen la dependencia por parte de los agricultores de las empresas de biotecnología, impulsoras número uno de los transgénicos. La UE reconoce que parte de la oposición apunta también por los daños a la salud que pueden causar los transgénicos, aunque el Parlamento Europeo liquida esta información con un escueto la "investigación no ha confirmado hasta la fecha esta última afirmación". Varios papers científicos señalan la toxicidad del herbicidaroundup, aparejado a los cultivos de OMG, así como los efectos sobre la salud de los cultivos de maíz genéticamente modificados. La agroindustria pide a la Unión Europea que base sus decisiones en la "ciencia sólida", un eufemismo, según Ecologistas en Acción para referirse a la "ciencia amable con la industria". Según Teresa Rodríguez, "la mayoría de los estudios de impacto relativos a los Organismos Modificados Genéticamente fueron financiados principalmente por las corporaciones multinacionales y los grupos de presión". Para Marcellesi, la propuesta de Directiva "relega las cuestiones de salud pública, evaluación de riesgos y la soberanía alimentaria a un segundo plano", a favor de la agroindustria.
En el agro, la siembra de enormes extensiones de variedades con características similares (resistencia a los herbicidas y producción de toxinas insecticidas) ha provocado la aparición de superplagas, según GUE-NGL. "Las malas hierbas resistentes al glifosato (el principal herbicida utilizado hasta ahora en los campos transgénicos) han infestado ya más de 25 millones de hectáreas, en EE UU, mientras que 7 de las 13 plagas combatidas con cultivos transgénicos (Bt) se habían hecho resistentes a la toxina insecticida en 2010". La respuesta está siendo una preocupante "huida hacia adelante" en la experimentación con variedades de OMG más tolerantes a herbicidas más tóxicos.
¿Qué viene a partir de ahora?
Aunque forma parte de una negociación más extensa y no está directamente relacionada con la decisión aprobada ayer, la negociación del acuerdo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos, llamado TTIP por sus siglas en inglés, está dirigido a la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias acordes con los criterios aplicados en EE UU. Entre los mayores riesgos, según destaca Tom Kucharz, está la negociación del capítuclo de la "Cooperación Reguladora" y el fin del "principio de precaución" sobre el que se basa --en teoría-- las normas de seguridad alimentaria de la UE.
Para el secretario de agricultura de EE UU, Tom Vilsack, el TTIP debería eliminar las "barreras no-científicas" que evitan que las multinacionales agro-ganaderas de EEUU vendan cosechas genéticamente modificadas. Por último, de incluirse el punto más polémicoen la negociación del TTIP, el Mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS), las multinacionales de la agroindustria estadounidense tendrían la posibilidad de denunciar a los Gobiernos de la UE que decidan prohibir los cultivos transgénicos en su territorio y solicitar indemnizaciones millonarias por supuestas “pérdidas del negocio esperado”, como alerta Ecologistas en Acción.
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