Álvaro Pinto 22/2/2025
La comunidad educativa denuncia la agonía que sufre la universidad ante el modelo privatizador del PP en la Comunidad de Madrid.
La universidad pública no es únicamente un espacio donde se imparten clases y se expiden títulos: es uno de los grandes motores de la igualdad de oportunidades, una herramienta capaz de derribar los muros que separan el “destino asegurado” de unos pocos, de la esperanza de una vida mejor de muchos. Cuando la educación se convierte en un derecho y no en un privilegio, permite a quien no cuenta con recursos o redes familiares de influencia soñar con un futuro más allá de los márgenes que le impone su origen socioeconómico.
Pero esa universidad que aspira a ser libre, crítica y abierta a todos lleva décadas siendo víctima de un progresivo desmantelamiento. Bajo una estrategia política que prioriza la lógica de mercado y los intereses privados, los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid han asfixiado económicamente a las universidades públicas, promoviendo la precarización de la labor docente e investigadora y, en definitiva, sentando las bases para su privatización. Un programa silencioso -pero sistemático– que amenaza con poner la educación superior al servicio de unos pocos. “Se está impulsando desde el Gobierno regional un plan integral que apuesta por un modelo privatizador de la educación, donde la enseñanza privada se presenta como la opción de calidad, mientras que la pública queda relegada a un papel residual, destinada a quienes tienen menos recursos”, señala María Eugenia, profesora de Economía Aplicada en la Complutense.
Este escenario ha propiciado que tanto estudiantes como profesorado, personal de administración y servicios (PTGAS) e investigadores se unan en la defensa de la universidad pública, sumándose a la gran movilización de este 23 de febrero por la educación. El objetivo es claro: evitar que la lógica del “negocio” y la rentabilidad a corto plazo pase por encima del derecho a formarse en condiciones dignas, a un precio razonable y con garantías de estabilidad para quienes trabajan en las aulas, laboratorios y oficinas de las universidades públicas. “La educación superior es un derecho que debe ser protegido en cualquier sociedad, pero sobre todo en una con una cultura democrática relativamente corta y débil”, afirma Beege, estudiante canaria de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de la asociación estudiantil Abrir Brecha.Universidad pública y movilidad social
La relevancia de la universidad pública como instrumento de movilidad no sólo se comprende desde la lógica del “ascensor social” -donde el logro educativo permitiría a una persona mejorar su posición respecto a la de su familia de origen-, sino también desde un análisis más amplio de la distribución del conocimiento y de las oportunidades laborales que genera la educación superior. Tal y como señalan José Manuel Pastor y Lorenzo Serrano en su estudio sobre la movilidad social y la educación universitaria en España, el hecho de contar con un título superior no garantiza automáticamente el ascenso, pero sí mitiga de forma significativa el riesgo de desempleo y facilita la posibilidad de acceder a ocupaciones mejor remuneradas. “Si no hubiera sido gracias al conocimiento técnico y a las habilidades que he ido adquiriendo en la universidad, dudo enormemente que hubiese podido tener la vida que tengo ahora mismo”, señala Rubén, de 27 años, graduado en Ingeniería Informática y primer universitario de su familia.
Para muchos sectores de la población, sobre todo de familias con un nivel educativo más bajo, la universidad se convierte en una puerta de entrada a puestos de trabajo que, de otro modo, les permanecerían vedados. “Las dificultades de acceso a los estudios universitarios acaban cristalizando en precariedad laboral y mayor desigualdad, en un momento en que los mismos son cada vez más determinantes para la entrada en el mercado laboral”, señala el Informe sobre el Análisis del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid de 2025 de CCOO.
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La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) subraya que la consecución de estudios superiores funciona como una de las pocas vías para romper las barreras que imponen el origen familiar y el entorno socioeconómico. Aunque existe una correlación muy marcada entre el nivel de estudios de los padres y la probabilidad de que los hijos accedan a la universidad, la expansión de la educación superior ha permitido que los individuos provenientes de hogares desfavorecidos encuentren en la universidad pública un camino para mejorar su posición laboral y sus perspectivas vitales.
Gonzalo Cataño, sociólogo colombiano, destaca además la función democratizadora de las instituciones universitarias estatales. Éstas, por tener menores barreras económicas (tasas de matrícula más asequibles, sistemas de ayudas y becas) y por sostener una vocación de servicio público, actúan como un canal privilegiado para que sectores tradicionalmente excluidos puedan mejorar sustancialmente sus condiciones de vida.
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Sin embargo, numerosos estudios coinciden en que la universidad pública por sí sola no basta para garantizar la movilidad social: requiere de políticas de Estado coherentes, un financiamiento suficiente y reformas continuas que permitan adaptarla a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. “La educación superior, y en concreto el acceso a la universidad, es un derecho fundamental, una garantía de una sociedad democrática que se preocupa por la equidad”, reivindica Rommy, bibliotecaria de la UCM y militante de CGT.
Infrafinanciación, precariedad laboral y goteras
“Nos encontramos al borde de un precipicio, donde la falta de voluntad política para afrontar el problema es evidente. Es cuestión de tiempo que digan que hay que rescatar a la universidad pública”. María Eugenia describe así el panorama de un sistema que, tras años de recortes, afronta un déficit estructural cada vez más difícil de sostener.
La Comunidad de Madrid invertía en el curso académico 2022-2023, según los datos de la Fundación CYD en su informe de 2024, un 20% menos que la media estatal en la universidad pública (unos 1.345 euros menos por estudiante), mientras encabezaba junto a Navarra el ranking de las comunidades autónomas con mayor precio medio del crédito de grado -un 17% por encima de la media nacional en el curso académico 2023-2024-. Germán, profesor titular de Filología Alemana en la UCM, precisa que “la universidad pública arrastra desde hace más de una década un déficit de financiación que amenaza su sostenibilidad”, al punto de que, en 2025, la Complutense tendrá, por ejemplo, que prorrogar sus presupuestos con un recorte del 35%. Un ajuste presupuestario que repercute en la calidad de la docencia, la investigación y la viabilidad de servicios tan básicos como limpieza o cafeterías.
El reciente informe de CCOO recoge que “esta coyuntura, agravada por las exigencias crecientes de titulación de posgrado, conduce a la exclusión de una parte importante de la población joven madrileña y perpetúa las desigualdades sociales preexistentes en la región. Es decir, el sistema universitario, parece demostrarse incapaz de revertir las desigualdades heredadas”.
“La universidad es un espacio de conocimiento, de debate, de pensamiento; un espacio necesario para poder ser críticos y críticas. Creemos que esto es una ofensiva contra los servicios públicos, un ataque directo a la población con menos recursos”, señala Maria Eugenia, que añade además que “hay una reducción de la posibilidad de promoción dentro del PTGAS (Personal técnico, de gestión y de administración y servicios), y los PDI (Personal docente e investigador) nos encontramos con serios problemas para investigar, hacer estancias, asistir a congresos, consultar bases de datos... No podemos incluso acceder a algunos artículos nuestros porque la biblioteca ya no tiene contratos ni convenios con esas revistas. No hay dinero para investigar y nuestra carrera no solamente es docente, es docente e investigadora”.
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El resultado de esta ofensiva contra la universidad pública es que, de acuerdo con los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, entre los años 2000 y 2024, las matrículas en centros públicos han caído un 18%, mientras que en los privados ha aumentado un 120% en grado y un 68% en máster. “Tenemos un referente en la Comunidad de Madrid que nos hace ver un poco cuál es el plan que hay detrás y lo podemos ver en cómo se ha ido implantando la FP privada en la región, donde ya un 13,5% de los alumnos estudian en centros privados”, señala Rommy. “Se ha optado por un sistema de copago que es muy probable que sea uno de los modelos que se empleen en un futuro para subvencionar los estudios superiores en universidades privadas”.
Las consecuencias de esta infrafinanciación son palpables en el día a día del alumnado. Rubén reconoce que durante sus estudios de grado notó importantes carencias en materia de recursos. “Conozco de primera mano la situación de algunos de mis profesores: mucha carga de trabajo para tan poco personal, contratos temporales y un sueldo que no se ajusta ni al nivel de conocimiento que tienen ni al trabajo que desempeñan”. Por su parte, Beege lamenta la “vergonzosa situación” que atraviesa la universidad pública, resaltando las grietas en las paredes, la falta de calefacción y la precariedad del profesorado asociado. Miembro de la asociación estudiantil Abrir Brecha, denuncia la creciente privatización de los espacios universitarios: “Se ha permitido a empresas privadas como Santander o Viajes el Corte Inglés instalarse en nuestro campus, se ha creado un máster patrocinado por Airbus y se ha eliminado la carrera de Humanidades para convertirla en Humanidades digitales -algo más apetecible para el mercado laboral-”.
Los recortes se hacen especialmente evidentes para los alumnos con discapacidad. Guillermo, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Complutense, que se autodefine en redes como Tu ciego de confianza, denuncia que la infrafinanciación amenaza con hacer que se destine menos dinero a materiales necesarios para las adaptaciones (lectores de pantalla, mesas adaptadas para sillas de ruedas): “Los servicios prestados también podrían verse reducidos, como intérpretes en lengua de signos, auxiliares de lectura en los exámenes…”. Campeón de Europa en paraescalada, denuncia que la situación de la universidad pública puede crearles nuevas barreras arquitectónicas, pero también sociales y económicas para estudiar, al repercutir el recorte de plazas en la universidad pública en las plazas destinadas a las personas con discapacidad. “Esto nos condena a pagarnos una universidad privada sumado al gasto de las adaptaciones”, señala, en un video que ha hecho público en la red social Instagram.
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Todas las voces coinciden: la universidad pública madrileña es y ha sido un pilar fundamental en sus vidas. “Para mí la importancia de la universidad pública está en que es la única vía que tengo para acceder a unos estudios superiores. Si no fuese porque existe una educación universitaria pública, donde el coste de la matrícula es un coste bastante reducido en comparación con la privada, yo no podría permitirme seguir mis estudios”, resalta Rubén Juárez, estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales en la UCM. “Por mi origen migrante, y mi situación socioeconómica, de no haber sido porque existía la posibilidad de estudiar en una universidad pública no hubiese podido acceder a unos estudios superiores”, añade Rommy.
La búsqueda de la igualdad de oportunidades en el sistema educativo se entrelaza, así, con la lucha contra la desigualdad socioeconómica, ya que ambos procesos se retroalimentan. “Para mí, la universidad pública es fundamental en tanto que el precio de la matrícula anual en una privada es superior al salario íntegro anual de cada uno de mis padres”, subraya Adrián, que compatibiliza sus estudios universitarios con un empleo a tiempo parcial. “Estudio fuera de casa gracias a la beca MEC, ya que a día de hoy solo tengo a mi madre, que cobra el salario mínimo. Si no fuera por la universidad pública, yo no podría haber seguido estudiando. Mi familia es de muy bajos recursos y ya estar en la pública pero fuera de casa ha sido un gran esfuerzo”, remarca Beege señalando el problema al que se enfrentan muchos universitarios que vienen a Madrid a estudiar.
Una cuestión de modelo
El malestar general no se reduce a una simple falta de presupuesto. Como señala Germán, “existe un indisimulado programa para cambiar el modelo universitario en la Comunidad de Madrid. El objetivo no es solo que la universidad pública quede como una universidad para pobres, sino reducir su existencia a algo puramente testimonial”.
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La receta parece pasar por asfixiar económicamente a los centros públicos mientras se favorece la expansión de universidades privadas, a menudo levantadas “sobre suelo público” o pasando por alto los criterios de calidad. Iván, funcionario de carrera y exalumno de la Complutense, señala que por desgracia no es algo casual: “La tendencia en todos los niveles educativos es precisamente recortar plazas en centros públicos y aumentar plazas en centros privados”.
Rommy advierte de que el Gobierno regional “solo cubre el 80% de la masa salarial de los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas”, lo que se traduce en inestabilidad laboral y en un deterioro del servicio. “Hay un problema estructural desde la crisis de 2008, con políticas de recorte dentro de una ofensiva directa para precarizar y privatizar la enseñanza”, añade María.
Para Rubén, la educación pública es la única salida que tienen los más jóvenes para mejorar sus vidas: “El desmantelamiento de la universidad pública que pretenden algunos partidos tiene un claro objetivo: que las familias con menos recursos no puedan optar a salir de su situación de precariedad bajo ninguna circunstancia”.
Camino al 23F
Cansados de promesas incumplidas y de un déficit estructural de financiación, la comunidad universitaria ha decidido unirse en un gran frente común que saldrá a la calle este 23F. “Nos jugamos la universidad pública de las próximas décadas”, insisten. Y no solo es cuestión de “salvar” lo que ya existe, sino de “repensar el modelo universitario que queremos”: uno que sea universal, gratuito, autónomo, no excluyente y libre de acoso laboral o sexual. Una universidad crítica y combativa que para estudiantes como Alba, graduada en Veterinaria, resulta clave “ante el auge de la ultraderecha y sus bulos”.
Las reivindicaciones exigen una financiación que alcance al menos el 1% del PIB autonómico, la reversión de los recortes y la defensa de la autonomía universitaria, libre de mecanismos represivos.
La concentración del 23F aspira a sumar a todas las etapas de la educación madrileña, desde Infantil hasta Bachillerato y FP, en una lucha más grande por los derechos y servicios de carácter público. “Si atacan a la educación pública, atacan las posibilidades de una sociedad realmente igualitaria y emancipada. No hay libertad si no se garantiza materialmente el derecho de todas y para todas a la universidad pública”, señalan desde la plataforma UCM por la Pública.
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