Por Raúl Jiménez Vázquez 2 diciembre, 2017|
Las más de 150 mil vidas
humanas segadas, las más de 30 mil personas desaparecidas y los
incontables actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos o
degradantes que ha acarreado la llamada guerra antinarco
constituyen un trágico e inadmisible saldo cuyo origen causal no es, no
puede ser, el azar, el infortunio o la fatalidad. Ello está corroborado
con la saña mostrada en la ejecución de las masacres de Apatzingán,
Ecuandureo, Tanhuato, Tlatlaya y Nochixtlán, así como en la desaparición
forzada de los normalistas de Ayotzinapa(1). Se trata, pues, de una
patología que rebasa con mucho los paradigmas y estándares tradicionales
de la criminología.
En una conferencia impartida hace un par
de años en las instalaciones de la Universidad Claustro de Sor Juana,
el jurista sudamericano Raúl Eugenio Zaffaroni, actual juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, aportó su visión en torno a esa
muestra extrema de normalización de la violencia y el desprecio a la
vida: “En México es necesario darse cuenta de lo que pasa en su
realidad, para no tener que lamentar después, como ocurrió en el caso de
la Argentina luego del golpe de Estado de 1976. Lo que se está viviendo
es un verdadero genocidio. Un genocidio por goteo. Sumen 10 años de
muertos y tendrán una pequeña ciudad, una Hiroshima o Nagasaki hechas
con poquito de paciencia. El genocidio no deja de ser genocidio por el
hecho de que se continúe en el tiempo, lentamente… Siento mucho lo que
está pasando acá. Así como a nosotros nos ocultaban las desapariciones y
los muertos, creo que aun cuando es un momento distinto de la historia
latinoamericana, se corre en México el riesgo de no saber realmente lo
que está pasando”.
La hipótesis del genocidio por goteo es
la única explicación plausible a este genuino holocausto nacional, cuya
motivación podría residir en lo que igualmente dijo el expresidente de
la Corte Suprema de Argentina: “El colonialismo actual ya no se vale de
golpes de Estado, sino de desestabilizaciones y de un control social muy
perverso que se juega por sociedades excluyentes, donde hay un 30 por
ciento de incluidos y un 70 por ciento de excluidos”.
Tal reflexión es sin duda el telón de
fondo de las conclusiones a las que llegó la relatora especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tras su
visita al país: I) los pueblos originarios son objeto de masacres y
viven un clima de violencia e impunidad; II) enfrentan un modelo
económico basado en el despojo y la ocupación de sus territorios con el
objetivo de que sus recursos naturales sirvan como base para un
desarrollo que no los beneficia; III) este modelo de explotación es
básicamente igual a lo que ocurría hace dos o tres siglos.
Parar este genocidio por goteo implica
muchas cosas. Dos de ellas, las más importantes, son la programación del
regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y el inmediato
desechamiento del proyecto de ley de seguridad interior.
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