Catalunya sigue inmersa en una sequía sin precedentes recientes y en el debate político sobre las restricciones de agua, propias de una emergencia desde el pasado 1 de febrero, aparece de forma recurrente el sector turístico. La Generalitat no ha aplicado medidas de ahorro específicas a los negocios vacacionales y lo ha dejado en manos de los ayuntamientos, lo que ha provocado las críticas de algunas entidades sociales y grupos parlamentarios.