No
participo de los hábitos del insulto a Casado, a Rivera o a Vox porque
creo que refuerzan la polarización y arropándose bajo términos como
"derecha extrema", etc. no analizan bien políticamente las propuestas.
Pero el caso de la oposición ciega y brutal a la propuesta del
Ayuntamiento de Madrid, Madrid Central, para disminuir el tráfico y la
contaminación, me parece significativo de algo. Madrid, como sabemos
quienes vivimos aquí, es una ciudad tóxica en lo ambiental, que produce
muchas muertes por enfermedades pulmonares debido a la contaminación y,
en general, problemas generalizados de respiración. La propuesta del
Ayuntamiento, pedida por Europa, es sensata, nada revolucionaria. Evita
la entrada al centro a los automóviles contaminantes y baja la velocidad
en las calles. El PP está usando todo su poder en la Comunidad de
Madrid para oponerse y echar abajo una de las pocas medidas ecológicas
que se han tomado en esta ciudad (que con el anterior Ayuntamiento
escondía los datos de los sensores, o los situaba en las zonas menos
contaminadas). Dado el impacto que tendría (seguiría teniendo) el dejar
la ciudad como está, me atrevo a usar un adjetivo muy grueso pero que en
este caso, por el número de muertes que está implicado, quizás sea
ajustado: es una política criminal.
El PP recurre ante el TSJM la Ordenanza de Movilidad, que incluye el proyecto de las restricciones al tráfico en el centro Las condiciones de acceso y el calendario de implantación de Madrid Central
Si este fin de semana fue el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido,
el que amenazó con llevar a los tribunales Madrid Central -el área de
472 hectáreas en la que, a partir del 30 de noviembre, se impondrán
restricciones al tráfico-, este lunes fue el grupo municipal del PP el
que dio un paso más al anunciar que ha interpuesto un recurso
contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) para pedir medidas cautelares y la suspensión de la Ordenanza de
Movilidad, que recoge el proyecto Madrid Central. El motivo que
argumentan los populares para acudir a los tribunales es que la normativa carece de memoria económica. (...)
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