Antonio Morente 9 de septiembre de 2023
Objetivo: cerrar de aquí a fin de año 407 pozos en el entorno de Doñana que extraen agua del castigado acuífero sin permiso para regar. Estas son las previsiones oficiales de ejecución de una de las tareas que más polémica generan en este incandescente entorno, unos cálculos que suponen un apreciable acelerón para que en cuatro meses se clausure más de un tercio (el 38% concretamente) de las 1.065 instalaciones que se habrán sellado desde 2019 junto al parque nacional. Eso sí, una cantidad considerable de estas captaciones subterráneas estaban autorizadas, pero ahora reciben agua en superficie.
La encargada de la tarea es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Tiene las competencias de la llamada Policía de Aguas y es además el encargado de dar autorizaciones de riego en su demarcación. En la actualidad mantiene abiertos los procedimientos de ejecución subsidiaria para el cierre de estos 407 pozos, después de que a mediados de agosto se clausuran 13 y otros 25 en julio.
La Confederación da por hecho que el sellado de estas captaciones se va a producir de aquí a fin de año porque los propietarios ya han sido sancionados y existe una resolución firme que obliga a la clausura, por lo que tienen la obligación de proceder. Esto implica que está en la recta final un proceso que, en función de la litigiosidad del agricultor de turno, puede obligar a que pase una década antes de poder cegar un pozo ilegal.
Negociar para que lo haga el agricultor
La resolución de ejecución forzosa de cierre la emite la Presidencia de la CHG y es el último trámite antes de proceder, siempre y cuando el afectado no opte por acudir a los tribunales. Esta obligación de clausurar la instalación ilegal no implica que la lleve a cabo la autoridad de cuenca, que lo puede hacer de manera subsidiaria pasándole después la factura al propietario, sino que llegados a este punto se negocia para que sean éstos los que la acometan de manera voluntaria y con sus propios medios. Así se ha hecho por ejemplo con los 13 pozos sellados a mediados de agosto, ubicados en término municipal de Almonte y en los que ha actuado de intermediaria la comunidad de regantes El Condado, a la que pertenecen los agricultores sancionados (...)
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