Mikel Tar Orrantia Diez y Spanish Revolution han compartido un enlace. kaosenlared.net
La acusación particular, ejercida por la Junta, retira el delito de daños y rebaja las peticiones de pena de 4 años y 4 meses a 2 años, por lo que los activistas no irán a la cárcel en caso de ser condenados. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Una rebaja en la petición de la pena que se planteaba en las conclusiones del juicio y que viene a reflejar la intención del Gobierno regional de aportar “proporcionalidad” a este procedimiento, emprendido en 2013 por el anterior Ejecutivo, presidido por María Dolores de Cospedal.
A pesar de la reducción de la petición de condena, desde la Junta de Comunidades mantienen que se trató de una ocupación ilegal de monte público y que, por lo tanto, “debe haber consecuencias”. No de la proporción que inicialmente se habían planteado, puesto que no se ajustaban al daño causado, pero consideran que sí se deben producir. (...)
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